El Estado incumple la Ley de Morosidad

14 septiembre 2010



El Gobierno y el resto de organismos del estado no han tardado mucho tiempo en incumplir la norma que ellos mismos aprobaron, la Ley de Lucha contra la Morosidad. Tal vez pensaban que es más fácil aplicarlas en las empresas privadas que en las propias Administraciones Públicas, que para las empresas es mucho más fácil demandar ante los juzgados a otra empresa que a un organismo oficial o tal vez piensen que la ley no esta hecha para ellas.

Cualquiera que trabaje hoy en día con las Administraciones Públicas sabe que muchas de ellas llevan sin pagar sus facturas desde el mes de julio porque el "grifo" ya se ha cerrado, los presupuestos de pago se han agotado al no obtener ingresos y veremos si en estos últimos meses hacen un esfuerzo por abonar las facturas que tienen pendientes. Esto es un problema para empresas y autónomos que se ven obligados a adelantar a la Agencia Tributaria unos tributos, IRPF, IVA,..., por unas facturas que aún no han cobrado.

Actualmente, con la ley en la mano, el plazo que tienen las Administraciones Públicas para pagar sus facturas es de 55 días, muchas empresas asfixiadas económicamente y ante el miedo de acudir a reclamar judicialmente a las Administraciones por el miedo a perder seguir trabajando con las mismas y amparadas por la Ley de Morosidad han acudido a sus organizaciones empresariales representativas para que éstas denuncien en su nombre.

Además el Gobierno debía haber puesto a disposición del Instituto de Crédito Oficial una línea de crédito para ser utilizada por los Ayuntamientos y que estos abonaran las facturas pendientes de pago que tienen con empresas y autónomos con fecha anterior al 30 de abril del año 2.010.

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